Una investigación de AP reveló que cientos de miles de pastillas del mortal opioide sintético llegaron a las calles de Albuquerque mientras la agencia antidrogas observaba sin intervenir
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¿Sabías que la DEA dejó que el fentanilo, un opioide mortal, llegara a las calles de Nuevo México? Conoce los detalles de esta controvertida estrategia.
Incluso mientras combatía la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas (DEA) permitió que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Nuevo México entre 2023 y 2025, según tres agentes actuales y anteriores de la agencia y registros gubernamentales revisados por The Associated Press.
Agentes de la DEA monitorearon repetidamente envíos de pastillas de fentanilo, pero no las incautaron, mientras los fiscales federales buscaban presentar casos penales más grandes contra los traficantes de un opioide sintético que la Casa Blanca designó el año pasado como un "arma de destrucción masiva".
Sin embargo, agentes y expertos señalaron que la táctica equivalía a una apuesta con la seguridad pública que potencialmente ponía en peligro a comunidades en y alrededor de Albuquerque, y que podría haber violado las normas del Departamento de Justicia diseñadas para proteger al público.
"Envenenamos a nuestra comunidad para armar casos", dijo el agente especial de la DEA David Howell a AP en una serie de entrevistas en Nuevo México.
"A través de nuestra propia ceguera voluntaria, nos permitimos decir: 'No sabemos realmente qué pasó con las drogas'. Pero tenemos el 100% de certeza de que provocamos muertes", acusó.
La DEA ha sostenido durante mucho tiempo que no sería viable incautar cada envío de cada droga. Pero la estrategia de permitir que cantidades abrumadoras de analgésicos falsificados llegaran a las calles sorprendió a varios agentes veteranos que hablaron con AP.
Deshacer las calles del fentanilo ilícito, fabricado mayoritariamente en narcolaboratorios mexicanos, se convirtió en la principal prioridad de la DEA durante la última década, a medida que aumentaban las muertes por sobredosis.
Al mismo tiempo, su letalidad —unos pocos gramos pueden matar a un adulto promedio— trastocó tácticas probadas que se habían utilizado para combatir drogas como la cocaína y la heroína.
Esos métodos incluían permitir que se completaran transacciones de drogas para que los agentes pudieran seguir los narcóticos a través de la cadena de suministro.
Sin embargo, el fentanilo es tan peligroso que el Departamento de Justicia desarrolló pautas para los agentes en tales circunstancias, alentándolos a incautar el opioide siempre que fuera "practicable".
Albuquerque, que tiene un barrio tan asediado por las drogas que se le conoce como "Zona de Guerra", y otras regiones de Nuevo México siguen siendo el epicentro de la epidemia de fentanilo. Mientras que las muertes por sobredosis a nivel nacional cayeron un 14% el año pasado, los datos gubernamentales muestran que Nuevo México registró un aumento del 21%.
Alex Uballez, quien se desempeñó como fiscal federal en Nuevo México desde 2022 hasta el año pasado, dijo que las autoridades en ocasiones permitieron que los envíos de drogas no fueran incautados como parte de un esfuerzo más amplio para recopilar inteligencia y armar casos contra grandes traficantes. Afirmó que el enfoque reflejaba los recursos limitados de su oficina y su convicción de que procesar a organizaciones más grandes puede tener un mayor impacto que interceptar cada transacción de drogas sospechosa.
El año pasado, la DEA registró la mayor incautación de fentanilo en su historia en Albuquerque.
"Vale la pena pescar los peces más grandes", dijo Uballez, "y eso salvará más vidas".
La DEA declaró en un comunicado que "las decisiones de investigación en cuestión fueron legales, razonables dadas las circunstancias y coherentes con la orientación del Departamento".
"Las descripciones públicas que sugieren que la DEA permitió conscientemente que el fentanilo llegara a las comunidades son falsas y caracterizan erróneamente los hechos de manera fundamental", escribió Amanda Wozniak, portavoz de la DEA, en un correo electrónico.
Señaló que las investigaciones involucraron escuchas telefónicas autorizadas por tribunales "en las que los agentes y fiscales realizaron vigilancia en tiempo real, recopilación de inteligencia y análisis operativo dirigido a organizaciones más grandes de tráfico de drogas".
En algunos casos, la DEA tenía información de inteligencia tan detallada sobre las entregas de drogas que los agentes pudieron contabilizar cantidades exactas de pastillas, según informes revisados por AP.
Por ejemplo, los agentes descifraron conversaciones codificadas por teléfonos celulares y vigilaron de cerca una transacción en un parque de casas móviles en Albuquerque en junio de 2023, según un informe de 66 páginas revisado por AP. Los agentes escribieron en el informe que los traficantes entregaron 74 mil pastillas como parte de ese acuerdo, cifra que los fiscales federales confirmaron posteriormente en un escrito judicial.
Días antes, otro informe de la DEA mostraba que los investigadores observaron al mismo anillo de distribución entregar una llanta de repuesto que ocultaba otro envío sospechoso de fentanilo que igualmente no fue incautado.
"No hicimos nada, solo nos quedamos mirando", dijo Howell, quien presentó una denuncia formal de denunciante (whistleblower) en 2023 para llamar la atención sobre lo que consideraba una táctica que ponía en riesgo la seguridad pública.
Pasaron meses antes de que las autoridades federales desmantelaran a los traficantes, y Howell, que participó en la vigilancia, dijo que las autoridades hoy no pueden dar cuenta de los envíos no incautados.
"Es indignante poner en riesgo tantas vidas con la esperanza de armar un gran caso", dijo Tristan Leavitt, presidente de Empower Oversight, un grupo de defensa de denunciantes que ha pedido al Comité Judicial del Senado y a la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia que investiguen las denuncias de Howell.
Un exsupervisor de la DEA, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que él y sus colegas de Albuquerque permitieron que "millones" de pastillas no fueran incautadas durante una investigación multiestatal el año pasado.
Howell reportó en sus declaraciones como denunciante que los agentes en ese caso permitieron la entrega de al menos 1.8 millones de pastillas de fentanilo.
Esa investigación, según dijeron a AP el exsupervisor y Howell, culminó con la mayor incautación de fentanilo en la historia de la DEA, una operación anunciada en mayo de 2025 por la entonces fiscal general Pam Bondi que resultó en el decomiso de más de 3 millones de pastillas.
"La cantidad que finalmente incautamos estaba llegando a las calles cada mes mientras ese caso se desarrollaba", dijo el exsupervisor, agregando que la DEA podría haber desmantelado la organización seis meses antes.
La Fiscalía Federal en Albuquerque no respondió preguntas sobre los envíos de fentanilo no incautados, pero en un comunicado a AP dijo que la "conducta" que Howell sacó a la luz ocurrió durante la administración anterior.
"El liderazgo actual de esta oficina se centra en investigar y procesar agresivamente el tráfico de fentanilo y desarticular las organizaciones criminales responsables de distribuir estas drogas", escribió Tessa DuBerry, portavoz de la oficina, en un correo electrónico.
Uballez, el exfiscal federal, dijo que los recuentos estimados de pastillas "basados en llamadas telefónicas interceptadas no son confiables".
"No creo que dispute que las drogas se 'dejen circular'", dijo, refiriéndose a la táctica policial de permitir que la mercancía de contrabando no sea incautada para avanzar en una investigación.
"Cuánto y con qué frecuencia —y con qué certeza— es increíblemente difícil de responder en retrospectiva", añadió.
A medida que las sobredosis de fentanilo se convirtieron en una epidemia durante la última década, el Departamento de Justicia desarrolló un manual interno para combatir la droga más mortífera que jamás haya cruzado la frontera mexicana. El plan coincidió con una campaña de relaciones públicas que advertía a los estadounidenses que "Una pastilla puede matar", un esfuerzo de la DEA para resaltar los peligros únicos del fentanilo.
Adoptado en 2017, el "Protocolo de Fentanilo" de dos páginas del departamento instaba a los agentes a "incautar o impedir de otra manera la distribución" de fentanilo "tan pronto como sea practicable". Las reglas, que no se habían hecho públicas anteriormente, establecían que "proteger la seguridad pública es primordial", independientemente de que las incautaciones comprometan las investigaciones.
El Departamento de Justicia reescribió las reglas en 2024 para otorgar a las fuerzas del orden más discreción en tales casos. Los protocolos actualizados dicen que los investigadores "pueden ejercer discreción para determinar si tomar medidas para prevenir el tráfico de fentanilo", equilibrando los riesgos para la seguridad pública con "los beneficios que se puedan lograr al preservar la investigación".
La DEA rara vez discute la táctica de permitir que las drogas no sean incautadas. Su manual de agentes describe sacar las drogas de la calle como "el curso de acción habitual", pero añade que "puede haber casos en los que los objetivos de la investigación se puedan lograr mejor si no se hace".
La agencia ha utilizado durante mucho tiempo "entregas controladas" en las que se mantiene una vigilancia constante de las drogas —y a menudo se reemplazan con narcóticos falsos— seguidas de una operación para recuperarlas, según agentes actuales y anteriores.
En entrevistas, varios agentes actuales y anteriores compararon la decisión de permitir que el fentanilo llegara a las calles con la infame "Operación Rápido y Furioso", un escándalo de tráfico de armas de 2011 en el que compradores de paja introdujeron de contrabando unas 2 mil armas de asalto en México con la intención de rastrear las armas hasta los líderes de los cárteles.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) fue duramente criticada por ambos partidos después de que dos de esas armas aparecieran en la escena del tiroteo mortal de un agente de la Patrulla Fronteriza, y el Departamento de Justicia prohibió explícitamente a los agentes permitir el tráfico de armas.
Howell se sintió tan perturbado por la falta de incautación de fentanilo por parte de su agencia que comenzó a señalar muertes por sobredosis que podrían haber sido causadas por las mismas pastillas que la DEA permitió llegar a los distribuidores. Uno de esos casos incluyó a un niño pequeño de 15 meses que murió después de ingerir residuos de fentanilo quemado el año pasado en Española, una localidad de Nuevo México devastada por la pobreza extrema y la adicción.
Howell, quien ingresó a la DEA hace 19 años después de una década en la Armada, llevó sus denuncias a la Oficina de Asesoría Especial de Estados Unidos. La agencia, encargada de proteger a los denunciantes, encontró inicialmente una "probabilidad sustancial de irregularidad" y pidió al Departamento de Justicia que investigara.
A principios de 2024, Howell dijo a la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia que los agentes de la DEA habían observado —pero no incautado— entregas separadas de 150 mil y 50 mil pastillas de fentanilo.
La DEA y los fiscales federales, añadió, "se están colocando en una posición precaria en la que no podrán probar que el fentanilo que pudieron haber detenido no resultó en la muerte de una persona".
La Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia determinó en 2024 que la DEA y la Fiscalía Federal habían tomado decisiones razonables al decidir permitir que las drogas no fueran incautadas y que su inacción no representaba un "peligro específico para la salud pública".
La Oficina de Asesoría Especial, que según los críticos rara vez cuestiona los hallazgos de las agencias, consideró razonable el informe del Departamento de Justicia.
Mientras tanto, Howell pagó un precio después de presentarse. La DEA lo relegó a tareas administrativas durante más de un año y redujo sus evaluaciones de desempeño, según Howell y registros de la DEA.
Los registros internos también muestran que los fiscales le impidieron testificar en tribunales federales, citando su "patrón de negarse a hacer caso" de las advertencias de permitir que las drogas no fueran incautadas durante investigaciones a largo plazo.
Señalando la propia campaña de la DEA de "Una pastilla puede matar", agentes actuales y anteriores dijeron que no podían entender el fallo del organismo de control de que las tácticas no habían puesto al público en peligro. Señalaron que la droga es tan peligrosa que debe manejarse en un laboratorio especializado.
ASJ
