A la llegada de la nueva administración en 2019, una de sus primeras acciones fue ordenar que se erradicara la corrupción de las aduanas; esta fue una de las promesas de campaña para combatir al crimen organizado en las aduanas terrestres, portuarias y aéreas.
Para ello, el Congreso votó reformas para otorgar más facultades a las Fuerzas Armadas y que pudieran operar dentro de los recintos fiscales, con lo que nació la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). En ese 2020 el gobierno federal investigó a titulares de aduanas de gobiernos pasados, de lo que derivaron investigaciones penales un año después.
En ese entonces los cuadros de corrupción ya estaban enquistados entre agentes del SAT que pertenecían a un régimen civil, según informes de inteligencia del ejército filtrados en 2021, pero que como consecuencia del ingreso de Fuerzas Armadas en la vigilancia aduanal, esa red criminal tuvo que ampliarse mediante la cooptación de militares y marinos en retiro en puestos clave de direcciones, subdirecciones, jefaturas y subjefaturas.
Así que, en diciembre de 2022, comenzó una conspiración entre aduaneros, marinos y militares en retiro para contrabandear combustible desde Texas, Estados Unidos, que sería declarado fiscalmente como aceite para pagar una tasa cero de impuesto, a través de aduanas marítimas; una práctica denominada “huachicol fiscal” que consiste en evadir pagos tributarios.
LA ESTRUCTURA
CRIMINAL
del Huachicol Fiscal en México
Por: ALEJANDRA BARRIGUETE, ALEJANDRO
MELGOZA y ANTONIO BARANDA
Nuevos millonarios, funcionarios públicos coludidos, sobornos y asesinatos para silenciar. Durante más de seis años operó esta red multimillonaria que engañaba a las autoridades hacendarias beneficiando a unos pocos a gran escala.
“Es una de las principales causas de evasión fiscal que más impacta la economía en nuestro país”, explica el doctor Daniel Santos, experto en derecho aduanal, quien enfatiza que es un delito por el que se evade al fisco unos 500 mil millones de pesos anualmente, equivalente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, agrega.
Para enero del 2023 el conglomerado criminal ya enviaba millones de litros de combustible ilegal a través de buques que, de acuerdo con una investigación realizada por N+Focus basada en expedientes y documentos de inteligencia, la operaban ocho cabezas empresariales de México y Estados Unidos, cuya actividad criminal a su vez, era facilitada gracias a más de 50 funcionarios en puestos estratégicos de las aduanas.
La red criminal fue detectada en Tampico, Tamaulipas, por las áreas de inteligencia del gabinete de seguridad. Les dieron seguimiento desde abril del 2024 hasta marzo de 2025 al menos a 31 buques con diversas cargas ilícitas. Sin embargo, la red salpicó otros puertos como Ensenada, Baja California; Guaymas, Sonora; Veracruz, Veracruz, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta llegar a sus oficinas centrales en la Ciudad de México.
Los buques ligados a esta actividad criminal usaban “banderas de conveniencia” de países como Panamá, Islas Marshall, Singapur, Islas Caimán y Chipre, para dejar menos rastros ante las autoridades.
Según los documentos judiciales, los enlaces de la red criminal entregaban decenas de millones de pesos en sobornos para que las pruebas de laboratorio que se practican al producto importado no salieran positivo a combustible. Seguido del arribo ilegal, los millones de litros de combustible no declarado eran distribuidos a través de una amplia red de piperos de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, bajo el mando de capos criminales que se valían de los servicios de cárteles de la droga.
Informes de inteligencia a los que tuvo acceso N+Focus indican que el grupo criminal de huachicol fiscal se integró por ocho empresas, de las cuales una se encuentra en Estados Unidos y el resto en México. La primera cabeza se encarga de ser proveedor internacional para facturar y exportar desde territorio estadounidense, estaba a cargo de Hevi Transport LLC. Sus accionistas son las compañías Rockbridge Petroleum LLC y Grey Oak Supply and Trade LLC, constituidas en California y Texas, respectivamente, y dedicadas al comercio de petróleo crudo.
Luego sigue Intanza SA de CV -de los propietarios Ricardo Ayón y Ramiro Rocha-, encargada de la importación con empresas estadounidenses. La tercera cabeza, que realiza la transportación, está conformada por Mefra Fletes y Autolíneas Roca, cuyos accionistas son Roberto Blanco, alias “El Señor de los Buques”, así como José René Tijerina. Debajo de ellos, en la parte logística, se halla el siguiente eslabón con Enerpol SA de CV, perteneciente a Grupo Portimex.
Finalmente, la parte de la comercialización internacional del hidrocarburo la ejecuta Ikon Midstream, cuyos socios son Ikon Oil and Gas Traders; y también los empresarios Rhett Kenagy y Abdón Mendéz. Mientras que en la comercialización local está Azteca Cone SA de CV, del empresario Hernán Flores. Esta empresa mantiene vínculos con Intanza SA de CV.
El conglomerado empresarial logró su cometido gracias a la amplia estructura que tenían a su servicio, que incluía a marinos, militares retirados y aduaneros civiles. La primera estaba encabezada por el grupo de “Los Primos”, que se conformaba por los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante respectivamente; ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.
Manuel Fernando Farías Laguna fue detenido en septiembre del 2025 junto a 13 personas más, con base en una primera orden de aprehensión girada contra la red; en tanto que a Fernando Farías Laguna lo detuvieron en Argentina el pasado 23 de abril del 2026 luego de burlar los controles aduaneros mediante un pasaporte falsificado, de acuerdo con las autoridades argentinas.
En las carpetas de investigación se menciona que todos ellos se beneficiaron de la agencia aduanal “Benito Abad y Cia SC” por “permitir el ingreso de pipas de Enerpol, Mefra Fletes y Autolíneas Roca, “sin generar cita ni registro alguno”, cuando arribaban los buques de la red a puertos de la frontera norte; y también por supervisar las operaciones criminales con sus subordinados María Cristina Chazaro y Nazario Rodríguez en otros envíos ilegales de hidrocarburos.
Los documentos y testimonios cruzados con una cronología de hechos también permitieron identificar para esta investigación al menos seis asesinatos de personas clave del huachicol fiscal, ya sea por estar presuntamente vinculados a la red criminal o por investigar la trama de corrupción.
Actualmente, pesan órdenes de aprehensión y acusaciones dentro de expedientes penales en contra de estas cabezas empresariales y varios de los funcionarios de la red por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada; aunque por acción u omisión, no han sido llamados a comparecer los titulares y directores de investigación aduaneras de la ANAM que administraron en el periodo de bonanza de los huachicoleros fiscales.
LA RADIOGRAFÍA DELINCUENCIAL DEL TRÁFICO DE HIDROCARBUROS ENTRE MÉXICO-EU
EL GOLPE QUE DESTAPÓ LA RED
“Ya les seguíamos el rastro meses antes”, dice una fuente de inteligencia del gabinete de seguridad en torno al grupo criminal que operó entre 2022 y 2025, y que estuvo ingresando combustible ilegal desde Texas, Estados Unidos, hasta México, particularmente hacia el recinto fiscal de Tampico, en Tamaulipas. Las fuerzas de seguridad ya los investigaban desde abril del 2024 para acumular evidencias en el expediente.
Meses después, el 20 de diciembre de 2024, el Juez Segundo de Control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, con residencia en Ciudad de México, autorizó la intervención de comunicaciones en cinco líneas telefónicas de sospechosos del grupo criminal -especialmente altos funcionarios- desde ese mes hasta el 19 de junio del 2025.
En ese lapso que el juez autorizó se dio el primer pico de ingresos de unos cinco buques en las fechas 7, 16, 24 y 28 de diciembre. “Lo hicieron en plena navidad”, abundan las fuentes sobre los buques que ingresaron con banderas de Singapur y Chipre. Se trataba de MTM Hamburg y MTM Dublín, los cuales ya habían registrado cuatro ingresos previos entre noviembre y diciembre de 2024.
Para enero del 2025 los ingresos descendieron, pero de nuevo se activaron entre febrero y marzo. Las sospechas aumentaron al interior del recinto fiscal de Tampico porque los buques rompían las normas de ingreso. Por ejemplo, la red criminal operaba en temporadas de mal tiempo o en días festivos porque era cuando había menos personal. Aún así no paraban los cargamentos, y se les daba luz verde desde las oficinas de la ANAM en Ciudad de México.
“Si había mal tiempo los puertos se cierran por cuestiones climatológicas, pero en el caso de que sabían de la llegada de un buque que traía aditivos fondeado, abrían el puerto para que ingresara al recinto y una vez que ingresaba lo cerraban”, relata la carpeta de investigación en contra de los detenidos, en la cual también empresarios de otros giros empezaban a sospechar de los buques con aditivos meses antes del gran operativo.
“Por esa actuación también había inconformidades de los barcos que trasladaban fertilizantes porque a ellos si les tocaba semáforo rojo y revisión y cuando había mal tiempo era imposible que los dejaran entrar, además que a ellos solo les daban cuatro horas para descarga, no así para los buques de aditivo a ellos les daban un horario de 24 horas para descargar los mismos”, agrega la relatoría de los trabajadores que estuvieron en los buques.
Fue más evidente en marzo de 2025 con cinco envíos a través de los buques High Challenge y Procyon Challenge con banderas de conveniencia de Singapur, así como otros países cuyas regulaciones y lineamientos de cooperación con México y otras partes del mundo son por lo general lentas y débiles, de acuerdo con Daniel Santos, experto aduanero y exfuncionario de la ANAM.
Cuando la delincuencia organizada utiliza estas embarcaciones para realizar el huachicol fiscal y tú le solicitas a esos países información respecto a quién es el dueño o el propietario, la verdad es que estos procedimientos llegan a ser muy lentos, muy tardados”
Daniel Santos,
Experto en Derecho Aduanero
El último de estos envíos fue el del 19 de marzo a las 12:08 cuando llegó a la ANAM una solicitud con el pedimento para el ingreso del buque Procyon Challenge con bandera de Singapur. En el documento, cuyo importador era Intanza SA de CV -uno de las ocho cabezas del conglomerado criminal- se declaraban 20 millones de litros de aditivos. Este había sido presentado por el agente aduanal, Nazario Rodríguez, en representación de la Agencia Aduanal Abad SC, propiedad de Benito Abad Pérez.
En la solicitud también se pedía la autorización para el ingreso de 300 vehículos para la descarga del supuesto aditivo de los buques. Ese mismo día, según informes de inteligencia, la ANAM autorizó que la mercancía se despachara en otro lado distinto para el ingreso y salida de las pipas con el propósito de evitar la ruta fiscal del recinto. Es decir, dieron desaduanamiento libre conforme al artículo 43 de la Ley Aduanera.
A la llegada del Procyon Challenge ya lo esperaban decenas de pipas para descargar el combustible ilegal en la Aduana de Tampico, Tamaulipas | Foto: N+ Focus
Este fue el arranque del operativo del gabinete de seguridad que venía cazando a la red criminal. Pese a que la carpeta de investigación indica que el 19 de marzo se inició el operativo como parte de una denuncia anónima, en realidad se trataba de una investigación federal sostenida por denuncias de testigos protegidos. El gabinete solicitó una orden judicial para la incautación del buque y de las pipas que estaban trasladando el combustible.
En los días 19 y 20 de marzo el juez aún no autorizaba la orden judicial, por lo que las empresas piperas -Amol, Mefra Fletes, Autolíneas Roca, STN, HP Logistics, Engioil Logistics, Arsenios Trucking, Malú, Hidromax, Grupo de Transporte Base, Enerpol, Capulpalpan, entre otros- extrajeron al menos la mitad de la carga. Según fuentes de inteligencia, parte de la trazabilidad arrojó datos de su traslado hacia San Luis Potosí, una de las huestes de los capos del huachicol fiscal.
El 21 de marzo finalmente se autorizó aproximadamente a mediodía la orden y se desplegó un operativo interinstitucional entre FGR, Semar, SSPC y Asea, puesto que la orden para zarpar la tenía el buque a las 17 horas. Se aseguraron alrededor de 22 pipas con carga ilícita que, de acuerdo con los dictámenes periciales, arrojó positivo a hidrocarburo. Sin embargo, el aseguramiento no incluía la orden de cateo e interrogatorios a los 14 trabajadores del buque.
Entre el 21 y 28 de ese mes se solicitaron las medidas judiciales para el cateo, que incluía dos predios en Altamira, Tamaulipas, ligados a las mismas razones sociales que importaron el combustible ilegal. En esos días el buque navegó para encontrar salidas a través de otros puertos, hasta que se comenzó a quedar sin gasolina. “Estuvieron dando vueltas por días”, narran los agentes de inteligencia.
En los días siguientes, entre el 29 y 31 de marzo, ya con las autorizaciones de un juez de control, se hicieron las indagatorias dentro del buque y las entrevistas con los empleados que trabajaban para la empresa Anglo Eastern Ship Management, proveniente de Beaumont, Texas. Habían sido contratados por la empresa Hafnia Order para entregar el cargamento a Azteca Cone SA de CV, otra de las ocho cabezas del conglomerado criminal.
Tanto el buque Procyon Challenge como el High Challenge eran clientes frecuentes en la aduana de Tampico. “Semanalmente se presentaba en la aduana de Tampico para descargar de manera ilegal hidrocarburo (...) actividad presuntamente ilícita que realizaba con el apoyo de los directores de la Agencia Nacional Aduanera”, relata el expediente.
Entre marzo del 2025 a marzo del 2026 el buque ilegal permaneció fondeado a 3.847 millas náuticas como se acostumbran a quedar inactivos los buques descubiertos en actividades criminales. En ese mismo marzo, como parte del modus operandi de la red en otros estados, se detectó el buque Torm Agnes llevando hidrocarburo ilegal del conglomerado criminal hacia los puertos de Guaymas, Sonora, el 20 de marzo de 2025; y Ensenada, Baja California, el 8 de marzo.
Después del aseguramiento la federación detectó ocho buques más que pertenecen a la misma red criminal, ya que habían intentado arribar a los puertos de Veracruz, Sinaloa, Sonora, Oaxaca y Yucatán. Según el informe, los buques portaban las banderas de Chipre, Islas Caimán, Singapur, Islas Marshall y Panamá.
Hoy en las áreas de inteligencia se recuerda como uno de los golpes históricos más importantes contra el crimen organizado trasnacional. Sin embargo, aún continúan los estira y afloja en los ministerios públicos y los juzgados federales: la red ha comenzado a mover sus tentáculos en el terreno jurídico y político.
ENSENADA Y GUAYMAS, EL ÚLTIMO "HUACHIBUQUE"
El 26 de marzo de 2025, la Fiscalía General de la República recibió por correo una denuncia anónima por un fuerte olor a combustible en un terreno federal ubicado sobre la carretera federal 1, en Ensenada, Baja California.
En la denuncia se aseguraba haber visto descargas de lo que parecía ser combustible.
“En ese sitio descargan sustancias, combustible. Es importante que se investigue de inmediato, he visto que en ese terreno descargan sustancias”, se denunció, de acuerdo con la carpeta FED/BC/TIJ/0000694/2025.
El lugar está en la autopista Rosarito-Ensenada, a la altura del kilómetro 100, en El Sauzal, y es propiedad de Gerardo Novelo Osuna, ex senador de Morena.
De inmediato se acordó el inicio de una investigación que comenzó con una visita al terreno por parte de las autoridades, la recolección de testimonios y revisión de las cámaras de videovigilancia. También se le dio aviso a Pemex para hacer análisis de las sustancias encontradas.
Ese mismo día se realizó el aseguramiento de alrededor de 8 millones de litros de hidrocarburo en dicho terreno. El combustible estaba almacenado en pipas de al menos tres empresas transportistas, entre ellas Mefra Fletes SA de CV y Autolineas Roca, ambas pertenecientes a Roberto Blanco Cantú, empresario investigado por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, también conocido como “El señor de los buques”.
Las autoridades también encontraron vehículos de la empresa de autotransportes Amol.
La FGR contabilizó 110 tanques cisterna, 20 tractocamiones, 2 casas rodantes, 16 motobombas, 1 generador de luz. Hizo la clausura del predio y colocó sellos de “asegurado” en lo que describió como “pensión” de tractocamiones y remolques.
Novelo Osuna reconoció que el predio era suyo y argumentó que se lo arrendó al empresario local, Luis Francisco Rodríguez Orozco, conocido como “Gussy”
La FGR comenzó entonces a investigar a distintas personas físicas y morales relacionadas con las pipas. Según las investigaciones, en diciembre de 2023 Novelo arrendó el terreno a “Gussy” por 21 mil dólares mensuales.
El contrato para el uso del “recinto fiscal estratégico y patio de maniobras y contenedores” vencía el 31 de octubre de 2033.
“Nos aseguraron un inmueble con bastantes pipas, solo me aguardan en un terreno pocas pipas para surtir huachicol, casi no tengo para estar surtiendo a gasolineras”, reconoció Rodríguez Orozco en una llamada grabada por las autoridades.
Tres semanas antes, el 8 de marzo de 2025, había ingresado al puerto de Ensenada un buque cargado de combustible, su nombre: Torm Agnes. La entrada de la embarcación fue responsabilidad del Capitán Víctor Hugo Perry Pérez, entonces titular de dicha aduana, y el subdirector de operación aduanera, el Capitán José Manuel López Cabrera.
Sin que las autoridades lo impidieran, del buque “Torm Agnes”, de bandera danesa, se descargó el diésel que la red criminal hizo pasar como aditivos automotrices | Foto: Archivo N+
De acuerdo con la causa penal 325/2025, fue precisamente este último quien no quiso tomar muestras de la carga que traía el buque. Según el mismo documento, los hidrocarburos ingresados a esta aduana se hicieron pasar como aceites y lubricantes.
El buque de bandera danesa, propiedad de la empresa Tianjin Yuanhang, llegó el 8 de marzo de 2025 al puerto de Ensenada, donde permaneció por espacio de 50 horas, antes de dirigirse a Guaymas.
La compañía Intanza, con el apoyo de un agente naviero identificado como Roberto Sánchez Donato, importó 8.8 millones de litros de diésel que fueron comprados en Estados Unidos por la empresa Ikon Mindstream, que tiene su sede en Houston.
Intanza reportó que se trataba de “aditivos para aceites lubricantes a granel” para evadir los impuestos correspondientes.
Documentos de inteligencia advierten que el agente aduanal Ángel Aceves formó parte de la red de servidores públicos y empresarios que realizaron actos de corrupción para permitir el tráfico de hidrocarburos.
En el caso específico de Ensenada, se señala que, en conjunto con Fidel Murillo, Aceves ayudó a que el buque pudiera ingresar a Ensenada para descargar de manera ilegal el hidrocarburo. Aceves además habría sido un facilitador administrativo al cambiar rutas de embarcaciones a cambio de dinero.
GUAYMAS
El 20 de marzo de 2025, el buque Torm Agnes, del cual ya se habían descargado más de 8 millones de litros de diésel en el puerto de Ensenada, Baja California, llegó a las costas de Guaymas, Sonora.
De acuerdo con expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR), la embarcación se quedó inicialmente a dos kilómetros del puerto, en el área de fondeo, y después atracó en el puerto.
La autorización para realizar el despacho del producto “sin la presentación física” de la mercancía, fue solicitada por el agente aduanal, Marco Aurelio Ochoa López, en representación de Intanza, empresa de la red que el SAT incluyó en el listado de contribuyentes suspendidos del padrón de importadores.
Dicha solicitud, en la que el diésel descargado del Torm Agnes también se hizo pasar como “aceites lubricantes a granel”, fue aprobada el mismo 20 de marzo por el entonces subdirector de la Aduana de Guaymas, Juan Carlos Sario Pichal, bajo el pedimento A4 2512 1847 5000001.
Se descargaron al menos 2 millones 226 mil litros de diésel en el muelle 5, que no está habilitado para recibir buques con combustible, por lo que las investigaciones apuntan a la complicidad de autoridades portuarias, aduanales y de seguridad. La red pretendía descargar al menos el doble del producto.
“(Un capitán) es identificado por no querer tomar muestras de la carga que transportaba el buque Torm Agnes. A través del buque ya referido se descargaron supuestamente 11 millones de litros de diésel, en los puertos de Guaymas y Ensenada, hidrocarburo que fue registrado como aditivo para aceites y lubricantes”, se lee en el expediente judicial 325/2025, integrado a partir de una extensa investigación de la FGR.
Al igual que con otros “huachibuques”, el combustible fue descargado directamente a pipas de empresas de autotransporte que forman parte, o colaboran, con la red de huachicol fiscal de los hermanos Farías.
La FGR identificó que, en los trabajos de descarga, participaron pipas y autotanques de empresas como Montimex, Petro Express, Salma, Simsa, Austral, Autolíneas Roca y Mefra Fletes.
En el caso de Montimex, Autolíneas Roca y Mefra Fletes, se trata de las mismas empresas ligadas a Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown, “El Señor de los Buques”, que descargaron combustible de contrabando en Tamaulipas y Baja California.
Decenas de pipas cargadas fueron sacadas del área federal del puerto de Guaymas y estacionadas a la orilla de la carretera Guaymas-Empalme, donde incluso comenzó la venta de combustible al público.
La tarde del 21 de marzo, la operación criminal de descarga y traslado del combustible fue suspendida. El motivo: el operativo federal que se realizaba al mismo tiempo en Tampico y Altamira para verificar la legalidad del cargamento del buque Challenge Procyon.
El 22 de marzo, el buque Torm Agnes partió del puerto de Guaymas a aguas profundas; de acuerdo con registros oficiales, permaneció en el Golfo de California hasta las 12:00 horas del 31 de marzo y después zarpó al puerto de Quetzal, en Guatemala.
En una órden de aprehensión girada en mayo de 2026 en contra de integrantes de esta red, se advierte que funcionarios federales, en ese momento adscritos a la Aduana de Tampico, recibían dinero a cambio de permitir este tipo de operaciones.
El entonces director de sistema portuario de Guaymas (Asipona), Ernesto Gastélum López, fue cesado y sometido a investigación por los millones de litros de combustible de contrabando descargados en el puerto sonorense.
Juan Carlos Sario Pichal, subdirector de operación aduanera del puerto de Guaymas entre marzo de 2023 y marzo de 2025, fue removido del cargo y enviado a la Décima Región Naval, en Salina Cruz, Oaxaca.
El capitán de fragata es señalado por testigos colaboradores de la FGR como miembro de la red “en un tercer nivel de mando”, por lo que también se indagan tanto sus actividades como su patrimonio.
En uno de los expedientes del caso se advierte que la función de Sario dentro de la organización era: “Permitir el acceso de hidrocarburo ilegal, facilitadores administrativos, cambio de ruta de las embarcaciones y quienes reciben dinero por de la red entre aduanas”.
Agentes de inteligencia criminal de la Fiscalía también sostienen que Sario recibía sobornos por manipular documentos y cambiar las rutas de embarcaciones para que no fueran ubicadas.
Asimismo, que durante los dos años que estuvo en la aduana de Guaymas realizó visitas a otros puertos marítimos aduanales sin estar comisionado, y que tenía contacto con verificadores de la Asipona y representantes de Intanza, empresa que presentó documentos falsos para acreditar la propiedad del combustible.
La FGR además documentó que el vicealmirante actualmente preso, Manuel Roberto Farías Laguna, realizó “desplazamientos” en la aduana de Guaymas, así como de Veracruz, entre julio de 2023 y junio de 2025, aún cuando no tenía ninguna adscripción, cargo o comisión en esos lugares.
“Como se puede observar, a pesar de que no tuvo adscripciones en alguna aduana, se infiere que Manuel Roberto Farías Laguna pudo tener actos de presencia en las aduanas señaladas con anterioridad, muy probablemente encaminado a situaciones delictivas”, agrega la causa penal 325/2025.
“Ya que se tiene el conocimiento que los hermanos de apellidos Farías Laguna crearon una estructura donde consolidaron un control sistemático y sostenido sobre áreas estratégicas de la administración pública federal, específicamente en las Aduanas, donde se cometían delitos en temas relacionados a hidrocarburos y tráfico de drogas”.
De acuerdo con las investigaciones, a partir de la importación de huachicol fiscal en buques, los hermanos Farías incrementaron de “manera considerable” sus recursos económicos y patrimoniales a través de la recepción de depósitos en efectivo, la adquisición de propiedades y vehículos de lujo.
LA RUTA TERRESTRE LLEVA A SLP
Las investigaciones sobre los buques “Challenge Procyon”, en Tampico, y “Torm “Agnes” en Ensenada y Guaymas, permitieron conocer la operación de empresas de autotransporte que colaboraban con la red para mover, almacenar y comercializar el combustible ilegal.
El negocio rodante del huachicol dio ganancias millonarias a compañías como Amol, Mefra Fletes y Autolíneas Roca, que operaban cientos de vehículos pesados y contaban con autorizaciones para transportar hidrocarburos.
“(La) organización opera cuando menos desde el mes de enero de 2023, de manera estructurada, permanente y jerarquizada, integrada por diversas personas físicas y morales, con funciones claramente definidas”, señala un expediente de la FGR.
“Transportistas forman parte del entramado criminal. Dicho hidrocarburo fue trasladado y almacenado en patios clandestinos, sin controles administrativos, fiscales ni de seguridad, para su posterior distribución y comercialización ilícita”.
Vehículos de las empresas mexicanas Mefra Fletes y Aerolíneas Roca, encargadas de realizar la logística y transporte del hidrocarburo ilegal | Foto: Mefra Fletes y Facebook Reclutamiento Autolineas Roca
Desde 2024, el gabinete de seguridad le seguía el rastro a buques de la red que, con la complicidad de funcionarios, agentes aduanales y fuerzas armadas, ingresaron millones de litros de combustible sin pagar los impuestos correspondientes.
El 19 de marzo de 2025, autoridades federales alertaron sobre la llegada del “Challenge Procyon” a la aduana de Tampico, debido a que llevaba una carga de 20 millones de litros de supuestos aditivos automotrices importados por una empresa bajo investigación.
Ese día, empresas piperas arribaron a la aduana para comenzar a extraer el combustible directamente del buque. La FGR solicitó entonces una orden judicial para intervenir, pero ésta fue autorizada hasta el día 21 a las 3 de la tarde.
La mitad del hidrocarburo fue descargado antes de que las fuerzas federales confiscaran 22 pipas con 10 millones de litros de diésel. De acuerdo con fuentes federales, una parte de la gasolina extraída terminó en almacenes de Tamaulipas y la otra en San Luis Potosí.
Mefra Fletes, Autolíneas Roca y Montimex, empresas ligadas a “El Señor de los Buques”, llevaron diésel de contrabando a centros de almacenamiento clandestino ubicados en Tampico y Altamira, a pocos kilómetros del puerto.
En San Luis Potosí, la red también contaba con “patios de maniobra” donde pipas a su disposición llevaban el producto antes de comercializarlo a precios más bajos que en el mercado.
De acuerdo con carpetas de investigación a las que N+Focus tuvo acceso, en dicha entidad operaban para la red los hermanos Amaya Olvera, socios de la empresa Amol, que simuló el traslado de combustible lícito por lo menos entre diciembre de 2023 y marzo de 2025.
A mediados de 2025, tras el aseguramiento de 8.8 millones de litros de diésel en un terreno de Ensenada, Baja California, la Fiscalía comenzó a rastrear a los propietarios de Amol, Cristian Noé y Jesús Tadeo Amaya Olvera, originarios del Municipio de Ébano, ya que varias pipas decomisadas portaban logotipos de la empresa.
Agentes de investigación hicieron llamadas anzuelo a los hermanos y a varios de sus familiares y colaboradores, para confirmar sus actividades y ubicar tanto sus centros de operación como sus rutas de traslado.
En una llamada a Cristian Noé Amaya, en la que un agente federal se hizo pasar como comprador de combustible, el dueño de Amol reconoció que se dedica al contrabando de combustible.
“Tenemos una empresa que hace que todo parezca legal”, expresó en una breve llamada.
Jesús Tadeo comentó a un falso gasolinero -que en realidad era un investigador- que podía llevar su pipa a uno de sus almacenes para surtirse de hidrocarburo, o bien, que una pipa de Amol podía llevarle el producto.
La esposa de Cristian Noé, identificada como Carolina, expresó: “hay que ir a dejar huachicol a varios puntos”; mientras que una hermana de Cristian Noé y Jesús Tadeo dijo en otra conversación: “así como sale del ducto, ya tenemos la manguera lista”.
Otros integrantes de la red también cayeron en la trampa y ventilaron su involucramiento en la organización.
Por ejemplo, el agente naviero, Roberto Sánchez Donato, confesó que participaba en la importación de hidrocarburos con “truquito”, es decir, que lo hacía pasar como otro tipo de mercancía en la Aduana, para evadir impuestos.
“Regularmente lo pasamos como aditivos”, confesó en una llamada, cuya transcripción obra en el expediente de la FGR.
Con autorización de un juez, la Fiscalía además grabó llamadas en las que los hermanos Amaya y otros miembros de la red dieron detalles de traslados, cotizaciones, operativos, armas y hasta pagos a autoridades.
Por ejemplo, el 20 de agosto de 2025 a las 11:14 horas, la FGR interceptó una llamada recibida por Cristian Noé en la que el interlocutor pidió dinero para dárselo a los “federales de Linares y Durango”.
El 13 de junio de 2025, una mujer llamó a Jesús Tadeo para preguntarle sobre unas pistolas. “Femenina le pregunta a Tadeo si va a tardar mucho porque necesita que saque las pistolas que metió allá abajo porque van a ir por ellas. Tadeo responde que están a la mano”, se lee en la sinopsis del denominado “Evento 89”.
En 2014, los hermanos Amaya, junto con su madre, fundaron en Tamaulipas la empresa Transportes Especializados Amol, para el traslado de todo tipo de mercancías, materiales y sustancias.
Dos años antes, en 2012, Cristian Noé se registró como candidato a regidor en el Municipio de Ébano, donde también fue director del catastro. La familia Amaya adquirió pipas y habilitó almacenes en San Luis Potosí y Tamaulipas para mover y almacenar combustible.
Se asoció con transportistas, empresarios y navieros, también investigados por la Fiscalía, y para 2025 ya contaba con una flotilla de más de 100 vehículos, autos costosos y varias propiedades en el noreste del país.
Durante varios años, Amol operó sin que la autoridad detectara irregularidades en sus negocios y actividades. Sin embargo, los megadecomisos en Tamaulipas y Baja California evidenciaron la participación de la empresa en actividades de huachicol.
Además de Amol, participaron en la red empresas transportistas ligadas a los empresarios Roberto Blanco Cantú, también conocido como Roberto “Brown”, y José René Tijerina, quien opera gasolineras en Nuevo León y Tamaulipas.
La FGR acusa a este último de facilitar pipas para que ingresaran de “manera reiterada” a recintos portuarios con el propósito de realizar la descarga del hidrocarburo proveniente de Estados Unidos, haciéndolo pasar documentalmente como “aditivos”.
“Dichas pipas eran utilizadas para trasladar el hidrocarburo descargado a patios clandestinos, donde era almacenado en contenedores tipo ‘Frac Tank’ (...) asegurando así la continuidad del circuito logístico ilícito”, concluyó la dependencia.
Desde el año pasado, un juez federal ordenó la aprehensión de los hermanos Cristian y Jesús Amaya, así como de otros miembros de la red, como Blanco Cantú y Tijerina.
Cristian Noé Amaya, socio de “El señor de los Buques”, fue detenido en Matamoros, Tamaulipas, el 10 de septiembre de 2025 por posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos, mientras que su hermano Jesús Tadeo, sigue prófugo.
LA CAÍDA DE 'EL PRIMO' EN ARGENTINA
El 1 de abril de 2026, un supuesto ciudadano guatemalteco llegó a Argentina, procedente de Colombia. Presentó un pasaporte a nombre de “Luis Lemus Ramos” en el Aeropuerto de Buenos Aires.
Las autoridades argentinas le permitieron entrar al país, pero activaron una alerta institucional interna por posible identidad falsa, por lo que hicieron un seguimiento a sus movimientos y actividades.
En los días siguientes, el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, en colaboración con Interpol, confirmó que “Luis Lemus” era en realidad el contralmirante y presunto líder de la red de huachicol fiscal, Fernando Farías Laguna.
El contralmirante Fernando Farías Laguna, líder de la red de "Los Primos", huyó a Argentina con un pasaporte falso de Guatemala, pero fue detenido el 23 de abril en Palermo, Buenos Aires, donde continúa detenido | Foto: SEMAR y Ministerio de Seguridad de Argentina
El entorno de los hermanos Farías se cree que Fernando fue descubierto gracias a tecnología de reconocimiento facial en el aeropuerto, ya que pesaba en su contra una ficha roja de Interpol.
Con la confirmación de la identidad, el 23 de abril, siete meses después de que se destapó la red de huachicol en México, el marino de 47 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Federal Argentina en el barrio de Palermo, en Buenos Aires.
De acuerdo con el Ministerio de Seguridad de Argentina, Fernando Farías obtuvo un pasaporte falso -como ciudadano guatemalteco- y se alojó en un departamento de alquiler antes de ser detenido y encarcelado.
Ventiló que, desde 2023, el mando naval formaba parte de una estructura criminal compuesta por funcionarios, empresas y personal de las Fuerzas Armadas, dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos de Estados Unidos a México mediante maniobras de simulación comercial.
“El impacto de estas maniobras ha sido significativo: se trata de una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en la región, con pérdidas económicas estimadas en miles de millones para el Estado mexicano”, agregó el Ministerio en un comunicado.
Fernando Farías era buscado por lo menos desde septiembre de 2025 con base en una orden de aprehensión girada por un juzgado federal del Estado de México, por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
Para la Fiscalía General de la República, el contraalmirante lideraba la red de huachicol denominada “Los Primos” junto con su hermano, el Vicealmirante Manuel Farías Laguna, incluso con protección institucional. Sin embargo, ellos se dicen “chivos expiatorios”.
La defensa de los hermanos Farías Laguna, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, sostiene que la acusación de la FGR es una fabricación basada en pruebas falsas y constituye un acto de “justicia selectiva”.
Argumenta que los marinos no tenían ni los recursos ni la capacidad para operar dicha red, y que el contrabando de combustible es una “operación de estado” que involucra a distintas dependencias.
No obstante, la Fiscalía sostiene que, en el caso particular de Fernando Farías, tenía la calidad de “líder regional” y “dirigente principal” de la organización criminal por lo menos desde enero de 2023.
“(Fernando Farías) mantuvo comunicación directa y constante con Manuel Roberto Farías Laguna y con Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “NK” y/o “YR” y/o “KM”, con quienes coordinaba las operaciones criminales, incluyendo la introducción de hidrocarburos al territorio nacional sin cubrir contribuciones ni aranceles, omitiendo deliberadamente el pago de impuestos correspondientes”, se lee en un expediente de la dependencia.
De acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal “tipo mafia” encabezada por los hermanos Farías tenía presencia en puertos y aduanas a nivel nacional para cometer varios delitos, entre ellos el ingreso ilícito de hidrocarburos de contrabando.
Advierten que los Farías no solo fungían como líderes del “conglomerado criminal” y tomadores de decisión, sino que repartían funciones y contaban con protección derivada de su parentesco con el ex Secretario de Marina.
“Se suman de manera relevante las muertes recientes de los capitanes, (...) las cuales ocurrieron bajo versiones oficiales de 'suicidio' y 'accidente', respectivamente, circunstancias que, en el contexto de la investigación, generan sospechas fundadas de posibles ajustes de cuentas, encubrimiento y silenciamiento, dadas las funciones que desempeñaban y la información que poseían sobre esta red criminal”.
El 8 de mayo, las autoridades de Argentina trasladaron al contraalmirante a un penal federal, luego de permanecer varias semanas en la Superintendencia de Investigaciones Federales.
Su traslado a México podría demorar meses o incluso años, ya que Argentina rechazó deportarlo o expulsarlo inmediatamente, pese a que ingresó al país sudamericano con un pasaporte falso, y optó por darle trámite al proceso de extradición.
La FGR presentará la solicitud formal de extradición a más tardar el próximo 21 de junio, fecha que vence el plazo de 60 días para cumplir con el trámite y presentar pruebas que acrediten la necesidad de juzgarlo en México.
El ex mando naval fue puesto a disposición del juez federal, Julián Ercolini, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, que deberá valorar la petición y las pruebas.
A la par, Fernando Farías solicitará asilo político al gobierno de Argentina. Su defensa sostiene que el marino teme por su vida si regresa a México y que no existen condiciones ni garantías procesales para que enfrente un proceso penal justo.
“Lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente ¡Afuera!. Argentina no es refugio de criminales, el que las hace, las paga”, aseguró el 23 de abril de 2026 la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, tras la captura de Fernando Farías.
OMISIONES Y ASESINATOS
Al frente de los aduaneros civiles estuvieron desde 2019 hasta enero de 2023 titulares del orden civil como lo son Ricardo Peralta, Horacio Duarte y Rafael Marín; este último siempre con su brazo derecho, Tonatiuh Márquez, en puestos de dirección. Al inicio del combate a la corrupción en aduanas hubo tropiezos con su primer titular: Peralta tuvo 10 administradores removidos por presuntos actos de corrupción detectados desde la Unidad de Inteligencia Financiera.
Entre las administraciones de Duarte y Marín fue cuando simultáneamente comenzaba a operar la red criminal. En el caso de la fórmula Marín-Márquez, ellos tuvieron su regreso a la ANAM en el momento de mayor operaciones huachicoleras fiscales. Márquez en el primer periodo fue director de recaudación fiscal, y después encabezó el área de investigación aduanera, es decir, estaba facultado para ordenar revisiones mediante la semaforización en la central de Ciudad de México.
Los extitulares de aduanas, Ricardo Peralta, Horacio Duarte y Rafael Marín, estuvieron administrando durante el periodo 2019 a 2025 la Agencia Nacional de Aduanas de México (Anam) mientras operaba la estructura criminal del huachicol fiscal en los puertos marítimos del país | Foto: N+ Focus
En el primer mes de dicha administración, la red criminal ingresó 10 buques con carga ilícita sin que lo alertaran desde CDMX.
Pese a ello, en su primer mes al frente la red criminal ingresó 10 buques con carga ilícita sin que lo alertaran desde su despacho.
Pese a que en las carpetas de investigación no han sido señalados integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la estructura ilegal que han acusado los testigos protegidos en los expedientes muestran a generales en retiro del ejército: un director de operaciones fronterizas con dos subordinados de ese grado militar.
Sin embargo, cuando la estructura ilegal empezó a operar formalmente, el titular de la ANAM era el general en retiro André Foullón, y su entonces director de investigación aduanera, el también general en retiro, Ernesto Vadillo. Ambos estuvieron entre julio de 2023 a mediados de febrero del 2025 y, según el informe de inteligencia, no hubo alertamientos desde la central de ANAM sobre el ingreso de 20 buques a Tampico pertenecientes a la red criminal.
Se trató del periodo de mayor bonanza para la red criminal. La administración de Foullón no tomó cartas en el asunto. Luego el general en retiro Vadillo fue trasladado a dirigir las operaciones fronterizas, y más tarde dejó el cargo.
Ninguno de los titulares y directores de investigación aduanera del periodo de operación criminal ha sido llamado a comparecer ante la FGR; en el caso de Marín únicamente le solicitaron datos de buques que participaron en la trama; sin embargo, su administración negó dicha entrega de información.
Pese a las omisiones de los extitulares de la ANAM, las investigaciones continuaron y se giró una orden de aprehensión el 29 de marzo del 2026 contra 14 integrantes de la red de huachicol fiscal que introdujo ilegalmente millones de litros de combustible entre 2023 y 2025.
La FGR solicitó la captura de líderes huachicoleros como Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown, alias “El Señor de los Buques”, por delincuencia organizada. A cuatro de ellos también se les imputó el delito de contrabando. Sin embargo, la jueza de distrito con sede en Almoloya, Mariana Vieyra Valdés, las rechazó. La jueza argumentó que no aportó datos de prueba específicos que acrediten la existencia de la organización criminal.
Además de “El Señor de los Buques”, entre los 14 implicados que la FGR solicitó aprehender se encuentran empresarios y agentes aduanales como Osvel Tudon, Eduardo de los Ángeles Rosales, José Isabel Murguía, José Ramírez, Anuar González y Nazario Rodríguez. Así como José René Tijerina, Gustavo de Jesús Guillen, Héctor Portales, Roberto Blanco Cantú “El Rey de los Buques”, Ramiro Rocha, Ricardo Ayón, Hernán Fernández y Benido Abad.
De acuerdo con la orden de aprehensión, la red operó “estructurada, permanente y jerarquizada” por lo menos desde enero de 2023, valiéndose de simulaciones de funcionarios y uso de documentación falsa por parte de las empresas. La investigación de la FGR también confirma, por primera vez, que 4 servidores públicos, entre ellos una mujer, fueron posiblemente “ejecutados” tras descubrir y denunciar a la empresa criminal.
Son los marinos Fernando Guerrero, asesinado en Colima el 8 de noviembre de 2024; así como Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Zúñiga, cuyos casos fueron reportados por las autoridades como accidente y sucidio. A ellos tres se suma la muerte de Magali Janet Nava, entonces delegada de FGR en Colima, asesinada el 21 de octubre de 2024, tras haber denunciado la red.
En la cronología de hechos se abonan otras muertes: el 13 de mayo del 2024 fue asesinado en CDMX la mano derecha de Horacio Duarte, el funcionario Carlos Nárvaez; igualmente Ernesto Vasquez, delegado de FGR en Tamaulipas, quien investigaba a huachicoleros fiscales.
Por los hechos anteriores, la Fiscalía subrayó en la petición a la jueza que esta organización criminal no sólo tiene un alto poder económico y logístico, sino también capacidad real de intimidación, cooptación institucional y control territorial, por lo que representa un riesgo grave y permanente para la seguridad pública, la economía nacional y el Estado de Derecho.
Unas semanas después de que la jueza Vieyra desechara la orden de aprehensión, el 17 de mayo de 2026, la FGR giró una nueva orden contra 14 objetivos, de los cuales prácticamente corresponden a los mismos nombres de la pasada orden ejecutada. Ahora son acusados por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
