La activista Sandra Domínguez y su esposo, Alexander Hernández, fueron hallados sin vida en Veracruz luego de estar casi 7 meses desaparecidos; familia y amigos exigen justicia
La activista, Sandra Domínguez y su esposo, estaban desaparecidos desde hace casi 7 meses. Foto: Redes
La activista Sandra Domínguez y su esposo, Alexander Hernández, quienes fueron vistos por última vez en Oaxaca y estuvieron desaparecidos casi 7 meses, fueron hallados sin vida en el estado de Veracruz.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), las víctimas fueron identificadas luego de su localización este 24 de abril de 2025, cuando se desplegó un operativo para dar cumplimiento a una orden de cateo en un inmueble ubicado en el camino de terracería que conduce de La Ceiba a Unión Progreso, en Santiago Sochiapan, dentro del estado de Veracruz.
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En el lugar hallaron dos fosas donde se encontraban los cuerpos sin vida de las víctimas, cuyos restos fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales para practicar los estudios científicos que nos permitieron establecer la identidad de las personas localizadas, confirmando que se trata de Sandra Estefana Domínguez Martínez y Alexander Hernández Hernández
Asimismo, indicó que durante las investigaciones realizaron operativos en distintas zonas, pero especialmente en la región de la Cuenca del Papaloapan, así como en el estado de Veracruz.
Donde hemos tenido los hallazgos más importantes dentro del proceso de procuración de justicia
Las autoridades señalaron que se trató de:
La camioneta de las víctimas, que estaba abandonada en la localidad de Playa Vicente, en Veracruz
El 17 de octubre de 2024, aseguraron el teléfono de Sandra Domínguez, localizado en la comunidad de El Nigromante, también en territorio veracruzano.
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La Fiscalía de Oaxaca aseguró que durante la implementación de operativos de campo, como el cumplimiento de órdenes de cateo en diferentes propiedades y ranchos de la zona antes mencionada, tuvieron hechos relevantes, especialmente, el 29 de enero de 2025.
Lo anterior, porque en el rancho "El Capricho", a un costado de la carretera federal 147, en el tramo Palomares Tuxtepec, en la comunidad de Nazareno, Sochiapan, en Veracruz, durante el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de uno de los probables responsables de la desaparición de la activista Sandra Domínguez y su esposo, Alexander Hernández, se desató una balacera.
Un hombre identificado por las iniciales A.G.T., propietario del rancho "El Capricho", quien fue abatido durante el despliegue, pues los elementos de seguridad que participaron fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que, al repeler dicha agresión, perdieron la vida: tanto el imputado, así como dos de sus acompañantes, identificados como C.R.V. y A.G.M.
Durante este enfrentamiento también perdió la vida un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal perdió la vida en el cumplimiento de su deber.
En el lugar aseguraron las armas utilizadas por los agresores, entre las que emplearon diferentes calibres, como rifles de asalto AR-15 así como AK-47 o cuerno de chivo.
Fue resultado de este último operativo que se obtuvo la información que condujo a la delimitación de los polígonos de búsqueda gracias a lo cual establecimos que las víctimas estarían en el lugar en el que, finalmente, fueron encontradas en el operativo realizado el pasado 24 de abril de 2025
En tanto, explicaron que las líneas de investigación que sigue la Fiscalía de Oaxaca apuntan a que fueron integrantes de células delictivas que operan en el estado de Veracruz, las responsables de la desaparición de las víctimas.
Son precisamente las líneas de investigación que se han establecido desde el primer momento, por las que también hay una persona del sexo femenino que está vinculada a proceso y en prisión preventiva por este caso, se trata de C. E. R. M
Finalmente indicaron que la investigación ministerial sigue en curso, para saber si hay más personas responsables por la comisión de este delito, con el objetivo que las víctimas directas e indirectas, tengan garantías que tendrán pleno acceso a la justicia.
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