La FGR admitió que personas sin autorización ingresaron a las cabañas donde se escondía el líder del CJNG en Tapalpa antes del cateo, comprometiendo la cadena de custodia.
La Fiscalía General de la República reconoció este lunes que personas no autorizadas ingresaron a las cabañas donde se desarrolló el operativo que culminó con la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", identificado públicamente como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La intromisión alteró potenciales evidencias antes de que la autoridad pudiera asegurar los inmuebles.
Este lunes 16 de marzo de 2026, la FGR dio detalles de los hechos ocurridos en un fraccionamiento del municipio de Tapalpa, Jalisco. Según la institución, el objetivo del operativo era la captura de Rubén "N", presunto líder del CJNG, conocido públicamente como "El Mencho".
Durante el procedimiento se registraron enfrentamientos armados en una zona despoblada y alejada del sitio principal, como consecuencia de la resistencia del detenido y de otros integrantes de la organización.
La fiscalía explicó que la complejidad del operativo obligó a reubicar a los elementos participantes para custodiar a los detenidos y reforzar puntos estratégicos ante una posible reacción del CJNG. A eso se sumó que el lugar no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el personal ministerial y pericial.
Por esas razones, el aseguramiento de los inmuebles no fue inmediato. La FGR solicitó una orden de cateo judicial para ingresar legalmente a seis propiedades una vez que la situación fue contenida.
Antes de que la Fiscalía ejecutara la orden de cateo, personas sin ninguna autorización legal ingresaron a las cabañas. Ese acceso no controlado es lo que hoy pone en entredicho todo lo que se encontró -o se dijo encontrar- en el lugar.
La FGR fue directa al respecto: "esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí".
La institución también advirtió sobre las consecuencias legales de esa intromisión. De acuerdo con su comunicado, "no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas".
Esto significa que cualquier evidencia hallada en las cabañas enfrenta un serio cuestionamiento de validez procesal si el caso llegara a juicio.
La FGR señaló que existe una alta probabilidad de contaminación del lugar y que ese escenario será valorado para determinar las acciones legales que correspondan. Adicionalmente, la institución abrió una investigación interna para establecer si algún servidor público incurrió en irregularidades al no preservar la escena.
La Fiscalía no precisó si esa indagatoria apunta a elementos propios o a personal de otras instituciones que participaron en el operativo.
La FGR indicó que las investigaciones relacionadas con el caso continúan y que mantendrá informada a la opinión pública conforme lo permita el debido proceso. No hay una fecha anunciada para nuevos pronunciamientos.
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